Europa Press/ Barcelona. La juez que investiga el caso de la joven prostituida en el barrio del Raval de Barcelona dice que la muchacha no vivía maltratada ni bajo coacciones violentas. Además, según el único informe forense que se le ha realizado, la chica no es disminuida psíquica como en un principio se había dicho. Tampoco ingresó en un centro de la Generalitat. En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) explica que la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona decretó la libertad provisional de los dos supuestos captores porque "no hay nada en las diligencias que acredite una situación de maltrato o violencia de los imputados respecto a la joven, que declara que ejerce la prostitución de forma voluntaria". El caso llegó a manos de la juez el 13 de marzo a través del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y el 30 de abril fueron detenidos la mujer y el hombre que presuntamente obligaban a la chica a prostituirse. El 5 de mayo N., de 27 años y nacionalidad checa, acudió al juzgado y se sometió a un análisis forense que no detectó "en la exploración psíquica ninguna patología". Además, "presentaba un buen aspecto físico". "Este es el único informe médico de la joven del que dispone el juzgado, ya que en ningún momento la Policía ha aportado otro, aunque ha sido pedido reiteradamente", según el TSJC. Igualmente, el juzgado asegura que "nadie ha aportado ninguna prueba de que la joven sufra una enfermedad mental o que tenga un nivel de deficiencia elevado". La joven no habla español pero lo entiende y declaró ante la juez con la ayuda de una intérprete. En su declaración dijo que era "feliz" y que le "gusta el trabajo" que hace. Además, admitió que vive con los dos detenidos "porque quiere". También se prostituía en su país de origen, donde tiene un hijo al que envía dinero desde Barcelona. Según las diligencias, la madre de la muchacha denunció su desaparición en el año 2000, pero desde 2002 está localizada y declaró "en Extranjería". En 2003 la chica denunció a un cliente por "lesiones". Durante el juicio, ella declaró y el denunciado fue condenado. Por último, en 2006 se renovó el pasaporte en el Consulado de su país. Las diligencias contra Anton B., de 36 años, y Frantiska K., de 59, de nacionalidad checa, continúan abiertas por un delito del artículo 188 del Código Penal por favorecimiento y lucro con la prostitución. Por su parte, una portavoz de la Conselleria de Acción Social aseguró a Europa Press que la mujer no fue trasladada nunca a un centro público de la Generalitat.
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