España

09/05/2008

Estado de las autonomías

La Fiscalía de la UE es partidaria de mantener la autonomía fiscal vasca

Con toda probabilidad, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo seguirá la recomendación de su abogada general, favorable a que el Gobierno de Vitoria dicte sus normas impositivas propias

Ibarretxe ya no tendrá que quejarse ante Zapatero por la posible limitación de su autonomía fiscal.

EFE

EFE/Bruselas

En un informe que podría evitarle más de un dolor de cabeza al Gobierno de Zapatero, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, ha respaldado la legalidad de la discutida autonomía del País Vasco, que en la actualidad tiene potestad para dictar normas fiscales propias, diferentes a las del Estado español. El dictamen de la abogada general, cuyo cargo es equivalente al de fiscal, fue saludado con unánime satisfacción en la región norteña, pero también en Madrid, pues si Bruselas ordenara cambios en el sistema impositivo nacional, ello generaría una situación delicada y compleja, puesto que los nacionalistas no están dispuestos a renunciar a sus ventajosas peculiaridades.
Pese a que la opinión de Kokott no prejuzga cuál será la sentencia que dicte en su momento el Tribunal Europeo de Luxemburgo, lo cierto es que la Corte suele seguir sus recomendaciones.
Hay que recordar que el caso llegó a Luxemburgo en forma de consulta planteada por el Tribunal Superior del País Vasco, que tiene que decidir sobre los recursos presentados por La Rioja y Castilla y León y por el sindicato UGT de la primera región contra el impuesto de sociedades vasco del año 2005.
Ahora, ante el requerimiento de la instancia judicial, el organismo europeo emitirá un pronunciamiento que podría anular la capacidad de las instituciones autonómicas para redactar normas fiscales propias, aunque tal posibilidad se aleja habida cuenta de que la abogada general no ve razones para cuestionar dicha potestad.
Eso sí, considera que corresponde a la Justicia local determinar si las medidas concretas del impuesto de sociedades de hace tres años fueron o no contrarias a la legislación europea. Kokott recuerda la jurisprudencia del Tribunal de la UE según la cual las medidas fiscales de una entidad regional son generales, y no una ayuda de Estado, cuando tal organismo posee «suficiente autonomía» y un régimen que beneficia de la misma manera a todas sus empresas.
Es la llamada doctrina de las Azores, que reconocía la especificidad fiscal de las islas y a la que se acoge Vitoria. Esta tesis desaira las pretensiones de las limítrofes, que denuncian la marcha de muchas de sus empresas ante las ventajas fiscales.    

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