El presidente Zapatero acudió a la capilla ardiente.
Quizá esta vez, por fin, la añorada unidad incondicional de los demócratas contra el terrorismo no termine de nuevo en espejismo. Pese a que las decenas de condenas reiteradas hasta ayer no han impedido que se negocie con los asesinos, ni que los proetarras estén en las instituciones, y ni siquiera han propiciado el entendimiento a la hora de suscribir mociones de censura en los ayuntamientos gobernados por ANV, lo cierto es que la primera sesión de control al Gobierno en la legislatura sirvió para escenificar un nuevo clima de aparente unanimidad, sin fisuras, para colaborar, todos a una, contra los asesinos.
Frente a los encontronazos vividos en la anterior legislatura a cuenta de la lucha antiterrorista en muchos de los plenos de los miércoles entre el presidente Zapatero y el líder del PP, Mariano Rajoy, el atentado de Álava podría haber servido para el nacimiento de un nuevo escenario, ya que el jefe de la oposición le ha garantizado al inquilino de Moncloa que pondrá «todo» de su parte «para combatir juntos el terrorismo».
El líder socialista recogió de inmediato la mano tendida del popular y proclamó que la unanimidad de los demócratas hará «más débil» a la organización criminal y posibilitará que su final esté «más cerca».
Tras la declaración firmada ayer por la mañana por todos los partidos para repudiar el atentado y la foto conjunta de los dirigentes políticos, que nunca llegaron a hacerse en los últimos cuatro años, Rajoy y los portavoces de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, y el PNV, Josu Erkoreka, renunciaron a preguntar en el Pleno de la tarde y todos usaron su turno para expresar su rechazo al asesinato. El socialista les respondió asimismo con una declaración de condena al «cobarde, miserable y criminal» atentado y con la promesa de que «la democracia se impondrá al terror» y «la libertad vencerá al fanatismo asesino».
Zapatero agradeció a las fuerzas políticas y a los agentes sociales que hayan conseguido por fin pactar una condena conjunta, «porque sabemos que quienes luchan contra ETA» son «más fuertes si estamos unidos».
Además, apostó por caminar «juntos» para honrar la memoria de las víctimas y proclamó que la Justicia hará «rendir cuentas, con todas sus consecuencias», a los autores de la «barbarie criminal».
Los reproches a los asesinos también llegaron del País Vasco por boca del lehendakari Ibarretxe, que expresó su más rotunda condena. El jefe del Ejecutivo regional exigió a la banda que «no manche el nombre del pueblo vasco» usándolo como excusa «para sus asesinatos» y proclamó que ETA es el «mayor obstáculo» para que los ciudadanos de la Comunidad norteña recorran su camino y profundicen en su «identidad».
Con un tono político que no parecía demasiado oportuno en momentos tan luctuosos, el nacionalista no perdió la oportunidad de reclamar al resto de partidos «que no se resignen ante la violencia y que arriesguen por la paz», algo que resulta difícil de interpretar salvo como una llamada a la negociación con los mismos asesinos a quienes acababa de censurar.
Las palabras del dirigente autonómico dieron pie a una ácida nota discordante en medio de la unanimidad en el dolor y la condena, ya que fueron replicadas por el líder del PSE, Patxi López, que parece haber empezado ya la precampaña para las autonómicas vascas, que bien podrían adelantarse al próximo otoño, y que comentó en referencia a Ibarretxe que «lo que no se puede hacer es condenar hoy el atentado y mañana mirar hacia otro lado ante quienes siguen defendiendo a ETA».
También se salió del tradicional guión que sucede a cada asesinato terrorista la diputada de UPyD Rosa Díez, quien recordó que las palabras se las ha llevado muchas veces el viento y pidió que se adopten medidas concretas contra los asesinos y su entorno, como por ejemplo la disolución, pedida por ella, de los Consistorios gobernados por ANV. «Limitarse a condenar, ni disuade a los asesinos, ni consuela el dolor de los familiares de la víctima», resumió con cierta desesperanza.
Francia condena a 15 años a ‘Súsper’. La Justicia francesa condenó ayer al ex jefe del aparato militar de ETA Ibon Fernández Iradi, alias Súsper, a 15 años de prisión con la prohibición de regresar a territorio francés por extorsión mediante el mal llamado impuesto revolucionario. El terrorista fue ya condenado el 13 de febrero a 30 años por disparar contra un gendarme en el sureste del país vecino, en noviembre de 2001.
Mientras, en Madrid, la Audiencia Nacional ordenó la admisión a trámite de la querella de la Asociación Dignidad y Justicia contra el Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Arrigorriaga por la denominación de una plaza del pueblo con el nombre del histórico etarra José Miguel Beñaran, Argala. En un primer momento, el juez Pedraz rechazó la querella, por lo que el colectivo decidió recurrir a la Audiencia, que ahora obligará al magistrado a que investigue al primer edil, el peneuvista Alberto Ruiz de Azúa.