Por primera vez y a escasos días de cumplirse el quinto aniversario del siniestro aéreo del Yak-42 (26 de mayo), que acabó con la vida de 62 militares españoles en Turquía, la Asociación de Familiares de Víctimas solicitó ayer la imputación del ex ministro de Defensa y diputado del PP Federico Trillo por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte. Pero ésta no es la única que demandan, ya que incluyen a toda la cúpula militar del momento de la tragedia, exceptuando al Jefe de Estado Mayor de la Armada. Asimismo, insistieron en que la investigación aún no ha concluido, motivo por el que solicitarán la comparecencia de más testigos.
Los familiares de los finados en el siniestro no están dispuestos a olvidar lo ocurrido. Consideran que es el momento de exigir las responsabilidades oportunas, por lo que han comenzado a actuar con contundencia al presentar en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicitan la imputación de Trillo, que ya compareció como testigo ante el juez del caso, Fernando Grande-Marlaska.
Así lo anunció este colectivo en una nota en la que especifica que los delitos por los que debe imputarse al ex ministro popular pasan por el de malversación de caudales públicos (al haber «indicios de que se pagó poco dinero y que no viajaban como ciudadanos»), falsedad documental y comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte en el marco de la causa que se sigue por la contratación de la aeronave siniestrada.
Sin embargo, los familiares de los fallecidos no se conforman tan solo con el procesamiento de Trillo, sino que solicitan también la de toda la cúpula militar que se encontraba al frente del Ejército en el momento del accidente, exceptuando al Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), almirante general Francisco Torrente. Por otra parte, incluyen también al oficial de enlace de España con Namsa, la agencia logística de la OTAN, primer eslabón en la cadena de contrataciones, así como al teniente general del Aire, José Antonio Beltrán Doña, ya imputado en la otra causa abierta del accidente, relativa a la identificación errónea de los cadáveres.
El abogado de la asociación, Leopoldo Gay, consideró acreditado que había constancia «a nivel político, militar y ministerial de la situación de los aviones Yakovlev-42». Por ello, añadió que lo único que les queda es pedir responsabilidades. En este sentido, explicó que «una imputación se solicita cuando hay indicios de que alguien ha cometido un delito» y que ellos han decidido hacerlo al considerar que «la situación de estos modelos se sabía a escala internacional, militar y política, ya que el Ministerio estudió quejas sobre los aviones antes del accidente» e, incluso, «había un informe que alertaba del peligro de volar con aviones de la URSS».
Por todo ello, manifestó «la investigación no ha acabado», por lo que anunció que pedirán nuevas comparecencias de testigos.
De esta forma, quiso trasladar la «perplejidad» de las familias por la «pasividad» y «lentitud» de la justicia, pues si el accidente hubiera sido «de un avión comercial, hoy se sabría toda la verdad».