España

17/05/2008

Lucha antiterrorista

El Parlamento vasco rompe la unidad y culpa a Interior de amparar torturas

Pocas horas después de homenajear a Juan Manuel Piñuel, la Cámara autonómica acusa al Ejecutivo de apoyar a los guardias civiles acusados de maltratar a los etarras Portu y Sarasola

efe / bilbao

Con el recuerdo del asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel por parte de ETA todavía presente como un borrón negro en la memoria de la opinión pública, el Parlamento vasco aprobó ayer una iniciativa en la que acusa al Gobierno central de «amparar sin excepción» y de forma «sistemática» a las fuerzas policiales ante las denuncias de torturas o malos tratos de detenidos, presentadas por etarras, y le pide que cese en la concesión de indultos a agentes condenados por ello.
La proposición, presentada por Aralar, se debatió pese a que desde el PSE-EE, su portavoz, José Antonio Pastor, solicitó a esta formación que pospusiese su discusión para no empañar la imagen de unidad que han dado los partidos, tras el atentado contra la casa cuartel de Legutiano.
Finalmente se debatió y salió aprobada, con los votos a favor del tripartito PNV-EA-EB, de Aralar y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), y en contra de populares y socialistas.
En la resolución, la Cámara autonómica «reprueba la postura que el Ejecutivo español adopta sistemáticamente ante las denuncias de torturas o malos tratos, amparando sin excepción a las fuerzas policiales».
Asimismo, critica «especialmente el total amparo» ofrecido por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a los ocho guardias civiles ante las denuncias de agresiones de los presuntos miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola. Ambos terroristas, a pesar de que permanecieron incomunicados durante su arresto, coincidieron en describir ante los tribunales las supuestas agresiones que les inflijió la Guardia Civil tras su captura.
Además, el Parlamento vasco hace un llamamiento para que el Gobierno adopte las medidas «necesarias para garantizar los derechos humanos», como la derogación de los artículos legales que permiten la incomunicación de los arrestados o la grabación en vídeo de su estancia en dependencias policiales.
Por último, el Hemiciclo abogó por que cuando se produzca una denuncia de este tipo el Ejecutivo realice una investigación interna y dé una «respuesta acorde a un Estado de Derecho garantista».
También salió adelante una enmienda de adición del tripartito, apoyada por Aralar y PCTV, en la que se exige al Gabinete de Madrid que cese la práctica de la «concesión sistemática de indultos» a las personas condenadas por delitos de torturas.
Durante el debate, los grupos socialistas y populares criticaron que Aralar no aceptase llevar la iniciativa a otro pleno, mientras el tripartito y los comunistas respaldaron la decisión de mantenerlo en el de ayer.
Tras defender que «la tortura no cabe en la Constitución», Pastor (PSE-EE) dudó de «si el acto del jueves (de homenaje en el Parlamento a Piñuel) o el del ayer (de repulsa unitaria de todos los partidos, excepto PCTV contra el atentado que costó la vida al guardia civil en Legutiano) se hace con sinceridad y convencimiento o es una pose escénica para no tener males mayores».

la censura ‘popular’. En la misma línea, el diputado Carlos Urquijo, del Partido Popular, advirtió de que «no se puede estar un día en un acto de homenaje al agente asesinado y otro venir aquí a arrojar la sombra de la duda y cuestionando el honor de la Benemérita».
La parlamentaria Gema González de Txabarri (PNV) defendió que «el Estado de Derecho debe seguir funcionando» y denunció que «en España hay impunidad en los casos de malos tratos, y no solo en los referidos a delitos de terrorismo».    

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