La Guardia Civil no descarta detener a nuevos etarras en las próximas horas.
El complejo Vizcaya de ETA, desarticulado el martes por la Guardia civil gracias a la detención de su jefe, Arkaitz Goicoehea, y de otros ocho terroristas legales, tenía ya casi ultimado un atentado de «grandes dimensiones» en el País Vasco, concretamente en la localidad de Guecho, muy cerca de Bilbao.
Así lo ponen de manifiesto las primeras investigaciones efectuadas tras la redada que, según explicó el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «sigue abierta y podría traer consigo nuevas detenciones».
Las futuras capturas podrían ser las de los criminales que pusieron las cuatro bombas que estallaron el pasado domingo en Laredo y Noja, probablemente integrantes de otro grupo del mismo complejo Vizcaya.
Por lo que respecta al ámbito judicial, cabe reseñar que ayer quedó en libertad el individuo que fue arrestado la víspera por tirarle piedras a los agentes de la Ertzaintza durante la manifestación no autorizada convocada por la izquierda abertzale en Guecho.
A sueldo del PCTV. Bastante más serias parecen las acusaciones contra la veintena de imputados a los que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado por recibir fondos del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), formación con las actividades suspendidas. Entre los sospechosos, que deberán acudir a declarar entre los días 8 y 10 de septiembre, se encuentra Joseba Zinkunegi, que ya fue acusado por Grande Marlaska por pertenencia a organización terrorista.
También será interrogado Asier Altuna, condenado en 2005 por la Audiencia a 5 años por el intento de asesinato del concejal del PP en el pueblo guipuzcoano de Eibar (Guipúzcoa) José Luis Vallés Molero, con un coche bomba.
También tendrán que visitar al magistrado varios ex empleados de la formación comunista, como José Ángel Amaro, responsable de Gestoras pro Amnistía; o Elisabet Zubiaga, jefa de Batasuna en Vizcaya y candidata en las elecciones forales de 2007 por una plataforma ilegalizada por el Supremo.
Y no por recibir dinero de los proetarras, sino por entregárselo a los asesinos, se vio obligado a pasar por el cuartel de la Benemérita un directivo de la constructora Amenábar, quien el martes negó haber pagado el mal llamado impuesto revolucionario» a ETA.
De hecho, el empresario desmintió haber mantenido cualquier contacto con la banda terrorista, pese a que, según fuentes próximas a la investigación, diversa documentación en poder de las Fuerzas de Seguridad pone de manifiesto que sí hubo relación.