Manifestación de afectados por las expropiaciones, que ya en 2006 escenificaban el conflicto.
La Junta de Castilla y León y los propietarios de los terrenos donde se ubicará el parque tecnológico están cerca de cerrar un acuerdo que finiquitaría por fin el conflicto en torno a las expropiaciones, cuya valoración complicó enormemente una sentencia que recalificaba los terrenos.
Fuentes de ambas partes han confirmado la existencia de negociaciones para elevar el precio del suelo, que este verano quedó fijado en poco más de 7 euros por metro cuadrado tras un informe de los servicios técnicos del Gobierno regional. Ni los representantes de los propietarios ni los responsables de la Junta ofrecen detalles al respecto pero, según otras fuentes cercanas a las conversaciones que ambos mantienen, el acuerdo llegaría incluso hasta duplicar la valoración hasta llegar a los 14 euros, una cifra de la que se viene hablando hace meses y que pasa a ser la nueva referencia.
La solución se plasmaría a través de un convenio urbanístico entre los particulares y Gesturcal, la sociedad pública promotora del parque tecnológico. Y su importancia radica en que alejaría el fantasma de un largo conflicto en los tribunales.
agilizar la solución. La administración autonómica mantiene que la declaración como proyecto de interés regional le permite entrar en las fincas aun en el caso de que los propietarios no estuvieran de acuerdo con la cifra de 7 euros ofertada hace unos meses, pero en el fondo quiere resolver un problema que se le ha complicado con el paso del tiempo y que ha sido esgrimido como razón principal del enorme retraso que acumula el proyecto.
Serán previsiblemente los responsables de Gesturcal o de la propia Consejería de Economía los que confirmen próximamente el acuerdo con los propietarios, y es por eso que tanto sus abogados como la propia Junta insisten en mantener la máxima discreción.
La última referencia ofrecida por la Junta para el inicio de la urbanización de esta futura área industrial data de mediados de septiembre. Entonces el delegado territorial en Burgos, Jaime Mateu, apuntaba al primer trimestre de 2009 para el comienzo de los trabajos. Entonces el Ejecutivo autonómico todavía hablaba de convocar a los propietarios para iniciar las actas de ocupación tras la aprobación definitiva del proyecto de expropiación, pero los planes podrían haber cambiado a lo largo de las últimas semanas con la apertura de las negociaciones para elevar el precio del suelo.
La solución sería positiva para la administración, porque agilizaría un proceso que de lo contrario podría acabar de forma negativa para ella dentro de unos cuantos años, pero también para los dueños del terreno porque se garantizan cobrar un precio mucho mayor sin necesidad de embarcarse en aventuras siempre inciertas en los tribunales.