Provincia

27/08/2008

Castrillo de Murcia / Proyecto Fuente Salada

La Junta inicia la declaración de utilidad pública del parque eólico

La empresa Villadefrades Eólica S.L necesita que se complete esta tramitación para construir la instalación al no llegar a un acuerdo con algunos propietarios de las parcelas

La colocación de piedras en el camino de acceso al parque ha sido una de las actuaciones que han efectuado los dueños de las fincas en señal de protesta.

Valdivielso

Samuel de la Rubia / Burgos

La Junta de Castilla y León ha sometido a información pública la solicitud de declaración de utilidad pública de los bienes y derechos afectados por el parque eólico Fuente Salada, localizado en los términos municipales de Sasamón y Castellanos de Castro. Villadefrades Eólica S.L, empresa encargada de su construcción, ha solicitado esta clasificación al no llegar a un acuerdo con algunos titulares de los terrenos afectados.
Durante la última semana, numerosos vecinos y propietarios de Castrillo de Murcia han protestado contra la construcción del parque colocando piedras en los caminos de acceso al futuro eólico e impidiendo el paso de los camiones. Ahora tienen un plazo de treinta días hábiles para presentar las alegaciones pertinentes, antes de que la empresa presente el proyecto de ejecución, por lo que el contencioso administrativo podría demorarse varios meses.

Reacciones

Dieciséis propietarios particulares de Castrillo y uno de Castellanos de Castro se verían afectados si finalmente la solicitud de la empresa fuese aprobada. Desde la asociación Amigos del Patrimonio Natural de Castrillo de Murcia, organización que aglutina a muchos de los dueños, aseguran que el anuncio se ha realizado «para intimidar a los titulares». Fuentes de la agrupación confirmaron a DB que el lunes presentarán las alegaciones pertinentes en las dependencias de la Junta en Burgos. Desde la organización aseguran que «no es el momento procesal administrativo adecuado. La solicitud de utilidad pública debió realizarse cuando la empresa solicitó la autorización del proyecto».
Los miembros de la asociación también señalan que «se ha escogido a dedo a las cuatro familias que más han protestado» y recalcan que «en ningún momento la empresa constructora ha hecho una oferta a los particulares, por lo que nunca ha existido la posibilidad de llegar a un acuerdo». Los componentes de la entidad creen además que «el proceso se alargará unos cuantos meses».    

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